Los proveedores de internet ven como un negocio un servicio. Esto genera que las empresas beneficien algunos medios digitales por sobre otros. Además, generan discriminación no solo a lectores que eligen páginas de la competencia, sino que también a los sectores más vulnerables.
Poco se ha escuchado hablar de la “neutralidad de la red”. Pero, ¿sabemos que es y que plantea este término? ¿Qué sucede con las empresas que brindan servicio de internet? ¿Existe alguna regulación?
Como primer punto, debemos entender que significa “neutralidad de la red”. Santiago Marino y Cecilia Labate afirman que “La neutralidad de la red hace referencia al criterio sobre el cual debe ordenarse la circulación de los contenidos en internet, garantizando el acceso igualitario para los usuarios, independientemente de quien los produzca o de la cantidad de usuarios que accedan a ellos”. En otras palabras, es un principio o criterio que permite que cualquier contenido pueda circular por internet de forma ordenada sin importar quien la produzca y quien la consuma. Por su parte, los docentes mencionaron que “De esta manera, el principio se vincula de forma estrecha con el acceso universal a la información y el derecho a la libertad de expresión”.
¿Cuándo surge la neutralidad de la red? En el año 2003, en la ciudad de Ginebra, Suiza, se lleva a cabo la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. En la ocasión, se reunieron distintos Estados, organizaciones civiles que representan a los usuarios y empresas privadas para discutir el desarrollo de la sociedad de la información. Por primera vez, se habla de la neutralidad de la red. Por su parte, también se habló de la necesidad de garantizar que los contenidos que circulan por la red sean distribuidos de forma equitativa, sin discriminación.
En una conferencia a través de Skype, Cecilia Labate afirmó: “Toda la tecnología por sí es neutral. La política pública que se piense para esa tecnología va a beneficiar a un sector o a otro. Con internet va a ocurrir lo mismo. El hecho de vincular las empresas con los servicios hace que se vuelva necesario crear una normativa que venga a neutralizar esa garantía. La única forma de garantizar que los usuarios accedan a internet es garantizar los principios neutrales”.
Sin embargo, más allá de que internet haya tenido un carácter neutral en su origen, todavía existe una tensión permanente entre los involucrados en este sector, abogando por sus intereses de quien controla la red, generando libre mercado.
Hoy en día, internet se ha convertido en una herramienta fundamental para cualquier persona. La mayoría, nos informamos a través de portales digitales. Pero, en muchos casos, la libertad de expresión y de consumo de contenido se ven cercenados por quienes nos brindan el servicio de internet. ¿Cómo sucede esto? Veámoslo con un ejemplo. Fibertel, como es de público conocimiento, pertenece al grupo Clarín. Si tenemos contratado el servicio de Fibertel, al momento de querer ingresar al portal del diario Clarín, lo va a hacer de una forma rápida. Ahora, si queremos entrar a la página de Perfil o Página 12, nos las va a ralentizar o, hasta incluso, no nos va a permitir acceder a ellas. De esta forma, al no poder acceder a cualquiera de estas dos últimas páginas, por hartazgo vamos a dejar de consumirlas para pasar a informarnos a través del portal de Clarín. Esto va a beneficiar a todo un monopolio, ya que, al no poder acceder a otros medios, cada vez más usuarios van a consumir sus propios medios como única forma de informarse.
¿Como se puede regular esta forma de quitarnos un derecho? fijando políticas públicas.
En los últimos 15 años, la neutralidad de las redes se convirtió en un tema de la agenda política. A nivel internacional, se comenzó a fijar políticas públicas en diferentes países para regular la neutralidad de la red.
El primer país en fijar una política pública para garantizar la neutralidad de la red fue Chile en el año 2011.
Por otro lado, en Argentina se crea en el año 2015, la ley “Argentina Digital”, que tiene como finalidad, según su artículo segundo, “garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación, promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen, como así también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector, procurando la accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo”. Por su parte, este mismo artículo afirma: “Asimismo, se busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro”.
Por su parte, el artículo 18 de Argentina Digital dice: “El Estado nacional garantiza el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica”.
Además, en el siguiente artículo reza: “El Servicio Universal es un concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades, a los Servicios de TIC prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable”.
En pocas palabras, la ley 27.078 busca controlar el acceso igualitario a internet, asegurando que sea de calidad a un precio accesible para todos y que no genere problemas que distorsionen a otros.
Pero, ¿Qué pasaría si esa ley se pone en práctica? Con respecto a esto, existen dos posturas. Por un lado, están aquellos propietarios de pequeñas páginas web o dominios, que apoyan la regularización de la neutralidad de la red, alegando la igualdad de condiciones para el acceso a cualquier página, o sea, que todos deben acceder de forma libre e igualitaria a cualquier contenido. Y, por el otro, están los proveedores de internet, que están en contra de este principio ya que, de ser regulada, dejaría de existir la libre competencia y, por ende, dejarían de hacer negocio con un servicio.
En Argentina existen muchas leyes que lamentablemente no se ponen en práctica. Esto afecta a millones de consumidores y, por más que se realicen denuncias, nadie hace nada. Como es costumbre, los servicios son tratados como un negocio al que solo tienen acceso quienes pueden pagarlo. Podemos decir que internet, hoy en día, es uno de ellos. Empresas como Fibertel, nos cercenan el derecho a la libre expresión con tal de que sus clientes accedan sólo a los medios digitales de Clarín para, de alguna manera, garantizar la libre competencia. Las grandes corporaciones van a poner el dinero por sobre los derechos y, por más leyes que se crean, siempre va a haber una forma de no hacerlas cumplir.
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